El traslado de represores condenados por crímenes de lesa humanidad desde el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo ha generado un intenso debate en Argentina. La medida, impulsada por Patricia Bullrich, busca liberar espacio en Ezeiza para mujeres detenidas, según informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sin embargo, organismos de derechos humanos han denunciado que la Unidad 34 ofrece condiciones de privilegio, calificándola como una "cárcel VIP".

El Complejo Penitenciario VII de Ezeiza alberga actualmente a 506 internas, con 371 mujeres en espera de ingreso. La propuesta de traslado incluye a 19 represores, entre ellos Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Antonio Pernías, quienes han solicitado celdas individuales y acceso a comunicación por Skype. El Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que juzgó los crímenes de la ESMA, no se opuso al traslado.

La Unidad 34 de Campo de Mayo, cerrada en 2013 tras la fuga de dos represores y reabierta en 2015 durante el gobierno de Mauricio Macri, ha sido señalada por la Secretaría de Derechos Humanos como un lugar con comodidades inusuales para un penal, incluyendo canchas de tenis, huertas y un gimnasio. Desde el Ministerio de Seguridad, sin embargo, aseguran que la proximidad al Hospital Militar facilitará la atención médica de los detenidos.

Organismos como H.I.J.O.S Capital han expresado su rechazo categórico a la medida. "Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia", declararon. La abogada Myriam Bregman recordó casos previos de privilegios que terminaron en incidentes graves, como el de Héctor Febres, quien apareció muerto en su celda en 2007.

El debate sobre el traslado también ha reavivado críticas hacia visitas previas de dirigentes políticos a represores detenidos. En 2022, diputados de La Libertad Avanza visitaron a represores en Ezeiza, lo que generó polémica.

El traslado de represores a Campo de Mayo plantea interrogantes sobre la equidad en el sistema penitenciario argentino y la memoria histórica del país. Mientras el gobierno defiende la medida como una solución a la sobrepoblación carcelaria, organismos de derechos humanos insisten en que perpetúa desigualdades y privilegios para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.