El gobierno de Javier Milei ha dado inicio a un ambicioso plan de privatización que abarca a ocho empresas públicas, entre ellas Enarsa, Nucleoeléctrica y Trenes Argentinos. Este proceso, enmarcado en la recientemente sancionada Ley Bases, busca reducir el déficit fiscal y atraer inversiones privadas, en línea con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre las empresas involucradas se encuentran sectores estratégicos como el energético y el transporte. Enarsa, por ejemplo, controla activos clave como el Gasoducto Perito Moreno y la red de alta tensión de Transener. Según fuentes oficiales, el objetivo es lograr "el mejor precio posible" para evitar objeciones futuras en las operaciones. El proceso incluye la venta de acciones, ofertas públicas en la bolsa y concesiones, dependiendo de la naturaleza de cada empresa.

El cronograma estipula que la mayoría de las privatizaciones se realizarán después de las elecciones de 2025, con la expectativa de que la estabilidad macroeconómica atraiga nuevas inversiones. En 2024, el Tesoro Nacional destinó más de $4 billones para financiar el déficit de estas empresas, lo que subraya la urgencia de esta medida.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas. Expertos como Federico Basualdo han señalado que la privatización de Enarsa podría tener un impacto significativo en las tarifas de energía, trasladando los costos de importación de gas directamente a los usuarios. Además, se cuestiona la pérdida de control estatal en sectores estratégicos.

Por otro lado, el gobierno asegura que no habrá despidos inmediatos y destaca casos como el de IMPSA, donde una empresa estadounidense asumió las deudas y se comprometió a realizar inversiones. "El mundo ha vuelto a interesarse en Argentina", afirmó un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato.

Empresas como Pampa Energía, Pan American Energy y Edenor han mostrado interés en los activos de Enarsa, lo que podría generar una competencia significativa en los concursos públicos. No obstante, algunos analistas advierten que el proceso podría beneficiar a actores ya establecidos en el sector, limitando la entrada de nuevos competidores.

Enarsa, creada en 2004, ha sido un actor clave en la infraestructura energética del país, gestionando proyectos como el Gasoducto del Noreste Argentino y las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Su privatización marca un cambio de paradigma en la política energética de Argentina, alineándose con las reformas estructurales promovidas por el FMI.

El debate sobre las privatizaciones promete ser un tema central en la agenda política y económica de los próximos meses, con implicaciones que podrían redefinir el rol del Estado en la economía argentina.